En el gobierno de Iván Duque se avanzó en materia de transición energética con la asignación de proyectos por más de 2.880 megavatios de capacidad instalada, lo cual representaba 100 veces más de lo que existía en 2018, buscando que a finales de su mandato se tuvieran 2.500 megavatios de energía solar y eólica en operación y hacia finales 2023 la cifra ascendiera a 4.500 megavatios.
En el 2021 el Ministerio de Minas y Energía manifestó que La Guajira sería el epicentro de dicha transición, pues se habían adjudicado y estaban en construcción 16 proyectos eólicos que tendrían dos líneas de transmisión (GEB e ISA), con una capacidad de 2.502 megavatios, lo cual representaría 24.027 megavatios hora/día, dotando de energía a 4,1 millones de usuarios y cumpliendo con la reducción de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030. En este sentido la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), manifestó que, en los próximos 5 años, La Guajira podría aportar el 13% de la energía en la matriz de generación nacional, con una producción posible de 3.131 MW.
Sobre este particular el gobierno pasado estableció una ruta para la instalación de más de 2.600 aerogeneradores de energía que, a 2031, funcionarían en los 16 parques para producir 6.500 megavatios para el sistema de interconexión nacional. Dichos proyectos tenían una inversión de US$2.525 millones, ubicándose en Uribia, Maicao y Riohacha, destacándose los proyectos Alpha, Beta y Wesp01, siendo estas las centrales eólicas con mayor avance.
Es así como en enero del 2022 entro en operación el proyecto Guajira 1 con el cual se espera tener una generación equivalente a 20 MW (megavatios), lo que es igual al consumo de 33.295 familias; dicho proyecto se desarrolla en 5,5 hectáreas y posee registro de proyecto como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), pudiendo emitir Certificados de Reducción de Emisiones (CER) y reducir emisiones de CO2 a la atmosfera en 136 toneladas. A corte de enero de 2023, existen 278 proyectos de generación de electricidad según la UPME, de los cuales La Guajira tenía 21, representados en 16 eólicos y 5 solares, ocupando la posición 5 a nivel nacional de departamentos con más proyectos y la 1 en proyectos eólicos.
Al analizar la ejecución de los 16 proyectos que se están desarrollando en La Guajira encontramos que presentan los siguientes avances:
En lo corrido del 2023 algunos de estos proyectos han señalado tener dificultades referenciadas a consultas previas y bloqueos de las comunidades, a los efectos que tiene el incremento del dólar y las tasas de inflación y a las señales que viene dando el gobierno en cuanto a estabilidad regulatoria, situaciones que afectan la estabilidad y continuidad de proyectos que son altamente estratégicos para el país.
En este sentido, la empresa Enel advierte que pasa por un momento crítico por los bloqueos de comunidades indígenas de la zona del proyecto Windpeshi, que debe generar 284 gigavatios hora, y entrar en funcionamiento en el 2024, en un comunicado la firma dice que han estado bloqueados hasta un 60% de la jornada laboral. Celsia también informo una situación similar que lo obligaría a hacer una revisión a fondo de sus proyectos eólicos que suman 330 megavatios, y en una carta enviada a la ministra de Minas y Energías la empresa EDP Renewables responsable de los proyectos Alpha y Beta los más grandes que están actualmente en construcción y tendrían capacidad de generar 492 megavatios (MW) manifiestan que su construcción se ha visto afectada por motivos ajenos a ellos que tienen que ver con trámite de consulta previa para la línea de transmisión desde los parques hacia la subestación Cuestecitas y a factores económicos que dejan en entredicho la viabilidad de los megaproyectos. Cabe recordar que ambos proyectos fueron adjudicados con bloques de energía en la subasta de contratos de largo plazo de 2019, con el compromiso de venderle energía a Celsia, Chec, Cedenar, Cens, Codensa, Cetsa, Ecopetrol Energía, Essa, Electrocaquetá, Electricaribe (ahora Air-e y Afinia), Electrohuila, Emsa, Ebsa, Eep Pereira, Epsa, Empresa de Energía de Putumayo, Edeq, Emcali, EPM, Peesa, Ruitoque y Vatia. Es decir, son 23 clientes en total los que se verían afectados por los retrasos en el avance de los dos proyectos.
Lo grave según dicen los expertos de estas situaciones que están teniendo las empresas que están desarrollando los proyectos eólicos, es que, si estos no entran en operación, el país se podría ver afectado en un escenario marcado por el fenómeno del Niño, que podría provocar racionamientos y no garantizar el abastecimiento de energía a futuro.
Sobre este particular algunas comunidades indígenas que han participado en los bloqueos han venido cuestionando las consultas previas que se hicieron al manifestar que los documentos no se firmaron con los dueños de la tierra, sino con comunidades que la habitaban, pero a las que no les correspondía decidir sobre ellas; otras manifiestan que, a pesar de estar dentro del área de influencia, nunca se les incluyó en la consulta previa. Estas situaciones han generado conflictos internos y externos al considerar las vías de hecho para reclamar derechos.
Es pertinente referenciar que, en la comunidad wayuu, la autoridad legítima es la ancestral, un cargo que se hereda de forma matrilineal, al igual que el territorio. Sin embargo, el Ministerio de Interior delega en otra figura, las autoridades tradicionales que se deben certificar ante el Estado. No obstante, esas dos autoridades no siempre coinciden y muchas veces las empresas hacen acuerdos solo con una de ellas, lo que enfrenta a las familias y crean conflictos que generan inseguridad y como ya se manifestó, se reclaman derechos con vías de hecho.
Por lo anterior existe preocupación por parte de los empresarios ubicados en Uribia y Maicao por los conflictos que se vienen generando con respecto a los proyectos de energías alternativas que ponen en riesgo la continuidad de las actividades. Ellos son claros al referenciar que si los proyectos no continúan se afectan directamente subsectores empresariales de hospedaje, gastronomía, transporte y ferreterías y se perderían empleos asociados a estas actividades y a otras como celaduría, ingenierías y trabajo social. En general el territorio perdería al dejar estos subsectores de recibir ingresos que superan los $ 10 mil millones de pesos al año que ayudan a dinamizar la economía de estos municipios.
En este sentido es necesario tener en cuenta que la inversión en proyectos de energías alternativas en La Guajira puede generar empleo y dinamizar la economía local. Se estima que la construcción de los 16 parques eólicos podría generar aproximadamente 11.000 empleos y atraer inversiones por $10 billones. Además, el desarrollo de estos proyectos podría beneficiar a las comunidades locales y contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Es importante por parte del gobierno nacional entender el territorio desde su ancestralidad, para un manejo pertinente y oportuno de los conflictos generados con las comunidades indígenas. Se deben crear plataformas de diálogo y colaboración, que planteen espacios de encuentro entre los diferentes actores involucrados para una gestión armónica del desarrollo territorial. Así mismo, es necesarios mejorar las consultas previas y crear estándares mínimos de beneficios y/o compensaciones justas de los proyectos en donde prime el interés colectivo sobre el particular.
