Efectos económicos de las protestas sociales expresadas con bloqueos a las vías en el departamento de La Guajira durante el 2023
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades que el sistema interamericano garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos.
La protesta social, como medio para expresar el descontento de los ciudadanos, ha tenido repercusiones significativas en diversas regiones, tal como se evidenció en la protesta estudiantil en Chile en 2006 (Bargsted & Somma, 2015), la cual tuvo impacto en el valor del peso chileno (BBC News, 2019). En Argentina, las protestas del 2001 provocaron la dimisión del presidente y desencadenaron un período de inestabilidad política (Clasco, 2001).
En Colombia podemos referenciar que el país ha estado marcado por una historia de conflictos con diversas etapas (Sierra J. R., 2017), ha experimentado diferentes situaciones de protesta social, una de la más reciente tuvo que ver con la generada durante el año 2021, en el que la economía enfrentó desafíos como la reactivación económica y los picos de la pandemia de COVID-19, con unidades de cuidados intensivos – UCI colapsadas, en este contexto se desencadenó un estallido social que se manifestó en bloqueos de vías en varias ciudades del país.
Sobre este particular es necesario manifestar que las protestas y manifestaciones pacíficas en Colombia son un derecho garantizado por el Artículo 37 de la Constitución Política, la cual establece que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse públicamente de manera pacífica. Solo la ley puede establecer los casos en los cuales se puede limitar este derecho”. No obstante, en diversos contextos, estas movilizaciones han sido objeto de distintos usos, y corresponde a las autoridades discernir entre aquellos que respetan las normativas acordadas y aquellos que se aprovechan de las aglomeraciones para cometer actos delictivos.
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